A una semana de la emergencia, Scioli suma fuertes criticas

La CPM habla de las fallidas políticas en la materia en donde la “mano dura es más vulneración de derechos”, “porque así lo demuestra la realidad y la historia”.

“A lo largo de los últimos quince años hemos visto acrecentarse la cantidad de agentes policiales y de patrulleros, la creación de nuevas policías y patrullas municipales, la presencia de la Gendarmería nacional en el territorio, la extensión del control poblacional a través de las detenciones por  averiguación de identidad y otras prácticas al margen del control judicial, y el establecimiento de cámaras de seguridad, entre otras medidas denominadas de prevención pero dirigidas al control social de los sectores más vulnerables”, criticaron desde la CPM.

 “El conjunto de medidas reiteran una vez más las fallidas políticas en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos – porque así lo demuestra la realidad y la historia – que ninguna de ellas conducirá a ‘salvaguardar la vida y los bienes de las personas’ como pregonan los fundamentos del decreto”, expresaron en la Comisión.

“Como contrapartida no se pusieron en marcha políticas serias destinadas a perseguir el delito complejo de gran impacto social: narcotráfico, trata de personas, violencia institucional, robo automotor, piratería del asfalto, corrupción, entre otros delitos graves que muchas veces implican a funcionarios públicos por acción u omisión. En relación a estos mercados ilegales, que retroalimentan el delito en los territorios, tampoco se han diseñado estrategias ni políticas de estado que propicien un abordaje que tienda a limitarlos o reducir su impacto por fuera de la herramienta estrictamente represiva”.

 “El despliegue de uniformados, asentados en la lógica de ocupación territorial, construye un escenario bélico de control de los conglomerados poblacionales pobres donde se localizan a los ‘peligrosos’, como potenciales enemigos de los sectores que concentran mayores niveles de bienestar económico. A unos se los controla, a otros se los protege, expresando en las políticas de seguridad la legitimación de la exclusión social y la estigmatización de los pobres”, analizaron.

“Las existentes son  deficientes y están desfinanciadas. El conflicto docente que postergó el inicio de clases dio cuenta de los serios  problemas que tiene  el  sistema público de enseñanza,  lo que también caracteriza al sistema sanitario provincial”, recordaron.

“El panorama actual demuestra una vez más, que las políticas de ‘mano dura’ no sólo son incorrectas porque han demostrado su ineficacia, sino también irresponsables y peligrosas ya que afectan la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. Al calor de ellas hemos visto y denunciado el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. La tortura sistemática en cárceles y comisarías es un hecho incontrastable. También lo son  las ejecuciones sumarias bajo la modalidad del ‘gatillo fácil’, las prácticas policiales ilegales, como el armado y fraguado de causas, el hostigamiento policial, el reclutamiento para el delito, entre otros”, manifestaron preocupados desde la CPM.