Concesiones viales: Arrieta aseguró que el municipio debe sumar casi dos millones de pesos por mes para asistir a los usuarios de las autovías 3 y 205

Un nuevo capítulo se suma a la lucha entre el Municipio de Cañuelas y las empresas que tiene la concesión vial de las rutas que atraviesan la ciudad. 
 

Hasta mediados de 2018 la asistencia mecánica y de ambulancias estaba a cargo de las empresas, pero los nuevos convenios de Participación Público Privado dieron fin a estos tratados. La medida impacta de lleno en las arcas de los municipios que se tendrán que hacer cargo de los primeros auxilios en casos de accidentes o incendios que ocurran sobre las rutas de sus jurisdicciones.

 

Esta medida alcanza a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205), dijeron en la Defensoría.

El Intendente de Cañuelas, participó de una audiencia en la sede central de Vialidad Nacional, junto al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

El mandatario planteó el inmenso costo que significa para las administraciones municipales el cambio de condiciones para las Concesiones Viales y Red de Autopistas y Rutas PPP (Participación, Público - Privada). Por la cual las Empresas con el usufructo de los peajes ya no prestan servicios de Salud ni se hacen cargo los Servicios Sanitarios, sino que estos recaen en los municipios.

 

Arrieta aseguró que el municipio de Cañuelas debe sumar casi dos millones de pesos por mes para asistir -con ambulancias y gruas- a los usuarios de las autovías 3 y 205, que atraviesan su distrito. El alcalde de Junín (ruta 7) también está haciendo gestiones ante Vialidad Nacional, para encontrar una solución.

 

Ante la negativa de Vialidad a rever y modificar estas condiciones, o también a convocar a una mesa de dialogo con las concesionadas y los municipios; la Defensoría del Pueblo junto a los municipios evalúan instancias orientadas a trabajar en conjunto en defensa de los intereses comunitarios avanzando en presentaciones y evaluando posibles caminos de acción legal. “Los municipios enfrentan estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y garantizarle los negocios a las empresas”, explicó Lorenzino.

 

La Defensoría comenzó la convocatoria para las próximas semanas para todos los municipios a fin de colectivizar la demanda.